La intendente de Enrique Urien, Liliana Pascua, finalmente deberá afrontar un juicio oral en su contra en el fuero federal penal. Se la acusa de fraude en perjuicio de la Administración Pública Nacional por cobrar una pensión por invalidez siendo funcionaria pública. Con esta decisión de la jueza López Macé, se dio curso al requerimiento de elevación a juicio realizado el 6 de marzo de este año por parte del fiscal federal en Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Martín Amad.
En la documentación presentada se acusa a Pascua de percibir una pensión por invalidez desde el año 2008 hasta el 2013, justificada por una incapacidad laboral del 80%. Pero además, entre 2009 y 2013, se encontraba inscripta en la AFIP como monotributista, bajo la categoría de «servicios personales». De tal manera, el ejercicio de una actividad laboral remunerada plantea una primera incompatibilidad con la condición de incapacidad laboral que daba origen a la pensión.
Hacia 2013, Pascua solicitó la baja de la pensión, pero continuó recibiendo automáticamente beneficios como el Programa Hogar y la Asignación Universal por Hijo, los cuales están destinados a personas que perciben una pensión por invalidez. El fiscal en su acusación plantea que una funcionaria de ese rango no puede desconocer que estos beneficios no le correspondían, lo que implicaría una percepción indebida de fondos públicos.
En definitiva, después de una investigación que llevó mucho tiempo, la jueza López Macé decidió este lunes elevar la causa a juicio, conforme a lo normado por los artículos 351 y 353 del Código Procesal Penal Nacional. Liliana Pascua, que tiene domicilio legal en Villa Ángela, fue hallada preliminarmente responsable del delito del artículo 174 inciso 5: fraude en perjuicio de Administración Pública Nacional.
