Polémica y necesidad de una política regulatoria moderna para el 5G en Argentina

En un reciente anuncio, se ha convocado a un concurso público para subastar bandas del espectro radioeléctrico destinadas a la implementación de la tecnología 5G en Argentina. Aunque esta iniciativa es un paso significativo hacia la modernización de las telecomunicaciones en el país, ha desencadenado una serie de debates y controversias.

El 5G representa la evolución tecnológica de las redes de comunicaciones inalámbricas, ofreciendo velocidades y capacidades de transmisión de datos sustancialmente superiores a las actuales redes 4G. Este avance es fundamental para mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios existentes y para habilitar nuevos desarrollos en áreas como Internet de las Cosas (IoT), seguridad, asistencia médica y más.

Sin embargo, el momento en que se ha lanzado este concurso ha generado dudas y críticas. La cercanía del proceso de subasta al fin del actual período presidencial y la difícil situación económica del país, marcada por restricciones cambiarias y de importación, plantean interrogantes sobre la capacidad de los operadores para desplegar las redes 5G de manera efectiva una vez adjudicadas las bandas.

Estas preocupaciones llevaron a los tres principales operadores móviles de Argentina a solicitar la revisión de las condiciones del concurso. Además, la Cámara de Infraestructura Digital Argentina logró obtener una medida cautelar que suspendió temporalmente la subasta, aunque posteriormente se informó que esta medida quedó sin efecto, posiblemente debido a una resolución no pública del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Esta resolución promete involucrar a pequeñas y medianas empresas (PYME) y otros operadores de telecomunicaciones en un diálogo constante para incluirlos en los nuevos desarrollos.

A pesar de las críticas, uno de los candidatos presidenciales anunció su intención de presentar una medida cautelar para «frenar» la subasta del 5G. Sin embargo, existe un obstáculo legal insuperable en forma de la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, que prohíbe la emisión de disposiciones excepcionales que impliquen la venta de activos fijos del Estado en los dos últimos trimestres de un mandato presidencial.

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La justificación de la subasta en términos de aumentar los recursos fiscales y fomentar nuevas inversiones también ha sido objeto de críticas. La recaudación estimada por la venta de las bandas de frecuencia, poco más de US$1000 millones al tipo de cambio oficial, se considera insuficiente para resolver los problemas de reservas y déficit fiscal del país.

Un problema adicional es la falta de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria en el sector de las telecomunicaciones, en parte debido a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 2020 que declaró los servicios TICs como «servicios públicos». Esta declaración permite al Estado regular los precios de manera continua, lo que plantea riesgos de intervención en la gestión privada y en los derechos de propiedad.

En un país con un déficit de cobertura en redes 4G y 3G en numerosas áreas, es esencial que cualquier política regulatoria para el 5G sea integral y aborde estas deficiencias. Además, la alta concentración de acceso a Internet a través de fibra óptica o cable modem en ciertas regiones del país plantea desafíos de equidad en el acceso a la conectividad.

Por último, se ha suscitado preocupación por la decisión del Estado de otorgar una banda 5G directamente a la empresa estatal ARSAT, lo que podría distorsionar la competencia al otorgarle ventajas fiscales y subsidios no disponibles para competidores privados.